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Las repercusiones económicas de la pandemia del coronavirus son colosales en escala y en alcance global. Los países ricos del mundo están dispuestos a gastar billones de dólares para compensar los ingresos de las trabajadoras y trabajadores y rescatar a sus corporaciones. Pero hay una pregunta vital sin respuesta: ¿quién
velará por los derechos de las personas que trabajan en las cadenas de suministro globales de muchas de esas corporaciones? Estas personas, como las que hacen la ropa y los zapatos que usamos, están entre las más afectadas por la catástrofe económica de Covid-19.
Es enorme el número de personas que se verán afectadas, debido a que quienes trabajan en la cadena de suministro cesarán, en masa, con escasa o ninguna indemnización. Hay más de 150 millones de trabajadoras en países de bajos ingresos que producen artículos para la exportación a América del Norte, Europa y Japón y decenas de millones más en puestos de servicio vinculados a empresas transnacionales en los países más ricos.
Solamente en el sector de la ropa, el textil y el calzado, hay 50 millones de personas trabajando, muchas de ellas mujeres quienes aportan el que supone el principal ingreso de la familia. Y muy pocas de ellas han recibido un salario que les permita acumular ningún ahorro. De hecho, en muchos casos, los bajos salarios
han dejado a muchas de ellas con deudas. Este documento se centra en el sector de la ropa, ya que será uno de los más afectados por la crisis del Covid-19. Pero mucho de esto se podrá aplicar también en gran medida a otros sectores.
