La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha aprobado hoy 13 de octubre de 2025 su informe sobre la propuesta Omnibus I de la Comisión Europea. Con ello, los eurodiputados han impedido que la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD) tenga un impacto significativo para los trabajadores y trabajadoras del sector textil y otros titulares de derechos en las cadenas de valor mundiales.
Adoptada por primera vez en 2024, la CSDDD solo se aplicaba a las grandes empresas que operaban y tenían su sede en la UE. El texto original de la ley incluía un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos ampliamente acorde con las normas internacionales y un régimen europeo de responsabilidad civil para remediar los abusos corporativos. En 2025, la Comisión Europea presentó una revisión de la directiva como parte de su ejercicio de “simplificación”. En lugar de un intento genuino de limitar la “burocracia”, preservando al mismo tiempo el contenido de la CSDDD, esto dio lugar a una imprudente misión de desregulación. El informe aprobado hoy reduce el número de empresas a las que se aplica la ley, la profundidad del proceso de diligencia debida, y respalda la propuesta Omnibus sobre responsabilidad civil, lo que significa que no existirán mecanismos europeos claros de responsabilidad por la violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en las cadenas de valor. La Campaña Ropa Limpia (CRL) ya se había opuesto a la propuesta de la Comisión.
«Los eurodiputados han traicionado hoy a las trabajadoras de la confección de todo el mundo», ha afirmado Giuseppe Cioffo, coordinador de incidencia y defensa de derechos en la oficina internacional de la CRL. «Lo que podría haber supuesto un cambio radical para las personas trabajadoras que viven con salarios de pobreza y a las que se les niegan sus derechos laborales fundamentales, ahora podría convertirse en una herramienta para que las marcas blanqueen sus prácticas», ha añadido.
«No necesitamos una ley para un puñado de empresas. Este texto tendrá poco o ningún impacto para las trabajadoras del sector textil», ha señalado Deborah Lucchetti, coordinadora nacional de CRL Italia, en referencia al umbral de aplicación de la ley, fijado actualmente en 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación neta. «Solo en los últimos dos años hemos sido testigos de importantes violaciones de los derechos laborales en los proveedores de marcas de lujo de alta gama, empresas grandes y conocidas que podrían quedar fuera del ámbito de aplicación de la Directiva», ha explicado.
«Los eurodiputados deberían rechazar este texto en la votación plenaria. Esta propuesta Omnibus es el resultado de un preocupante proceso antidemocrático. Los eurodiputados deberían reconocer las críticas de los sindicatos, las organizaciones de derechos laborales, las ONG, las empresas y el mundo académico, y rechazar la propuesta de la Comisión en su totalidad», ha afirmado Marjella Bronkhorst, coordinadora de incidencia y defensa de derechos de la CRL – Schone Kleren Campagne.
