Las organizaciones Public Eye, SOMO, ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights) y la Clean Clothes Campaign acaban de publicar un informe (en inglés) que identifica y analiza 12 retos a los que la Debida Diligencia debe hacer frente de la manera correcta para que realmente sea efectiva. Su enfoque es eminente práctico y basa en la experiencia acumulada sobre qué pasos realmente pueden tener impacto.
En todo el mundo está cobrando impulso la promulgación de leyes obligatorias de debida diligencia en materia de Derechos Humanos. Esta legislación es necesaria para garantizar que las empresas respeten los DDHH y que las víctimas de abusos empresariales tengan acceso a justicia y a reparación. Por ello, los legisladores deben determinar cómo convertir los estándares normativos para la debida diligencia en materia de Derechos Humanos contenidos en los Principios Rectores de la ONU y en las Directrices de la OCDE, en obligaciones firmes y vinculantes.
Si los legisladores no logran encontrar el adecuado equilibrio entre flexibilidad práctica y rigidez normativa, las leyes de debida diligencia en materia de Derechos Humanos corren el riesgo, en el mejor de los casos, de no tener un impacto positivo real para las personas y, en el peor, de convertirse en otra técnica más de greenwashing tras la que las empresas puedan esconderse mientras siguen vulnerando los Derechos Humanos.
Para evitarlo, el informe «Legislación sobre debida diligencia en materia de Derechos Humanos: ¿Respetar derechos o marcar casillas?» (en inglés) identifica 12 interpretaciones importantes de las normas que los órganos legislativos deberían tener en cuenta a la hora de definir estas obligaciones de debida diligencia.
