La red Campaña Ropa Limpia está profundamente preocupada por el anuncio de la Comisión Europea de su intención de simplificar las normas recientemente introducidas sobre sostenibilidad corporativa, en particular la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD), e insta a la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al Colegio de Comisarios a no dar marcha atrás en una legislación histórica.
La inquietud sobre la revisión de las normas de sostenibilidad se produce tras el informe de Mario Draghi sobre la competitividad en la Unión Europea (UE), al que se refirió la Presidenta de la Comisión. En la carta firmada por la Ursula Von der Leyen se dan instrucciones al Comisario de Justicia, Michael McGrath, para que «garantice que las normas existentes se ajustan a su finalidad y se centre en reducir las cargas administrativas y simplificar la legislación. Debe contribuir a reducir las obligaciones de información al menos un 25%, y para las PYME al menos un 35%».
Sin embargo, en su informe Draghi parece apuntar, entre otras cosas, a normas aún no aplicadas para explicar la actual lentitud de la economía de la UE, y sólo hace una somera referencia al marco de diligencia debida. Además, las críticas de Mario Draghi se producen en un entorno en el que las inversiones empresariales se han mantenido bajas mientras que los beneficios de las empresas han seguido aumentando, habiéndose canalizado hacia los bolsillos de los accionistas más que hacia inversiones en la capacidad productiva de Europa. En resumen, el análisisd de Mario Draghi y su traducción en medidas políticas por parte de la actual Comisión parecen utilizarse como pretexto para sacrificar los derechos laborales y humanos, así como la sostenibilidad medioambiental, en nombre de los beneficios empresariales. El diagnóstico de Draghi sobre los males de la economía de la UE tiene fundamento, pero su receta apunta a más de la misma medicina.
La simplificación no puede ni debe ser un fin en sí misma, sino que debe servir al objetivo del Pacto Verde Europeo de lograr una economía justa, equitativa y sostenible. Las obligaciones de diligencia debida de las empresas y de elaboración de informes de sostenibilidad existen con vistas a garantizar el respeto de las empresas por los derechos humanos y el medio ambiente, que debe seguir siendo el principio rector de las actuaciones de la Comisión. La atención de la Comisión debe pasar de la simplificación de la normativa al estímulo de las inversiones en bienes públicos, incluida la protección social y la transformación de la economía de la UE hacia una economía sostenible para los trabajadores y trabajadoras, y para el planeta.
Sin embargo, la búsqueda desenfrenada de la competitividad, motor del nuevo programa de gobernanza 2024-2029 de la Comisión, corre el riesgo de perpetuar una carrera a la baja en busca de mano de obra y materiales baratos y de poner en peligro el sustento de las personas trabajadoras en la UE y en el extranjero. Si la maximización de los beneficios sigue primando sobre las protecciones sociales y medioambientales, la competitividad seguirá recompensando exclusivamente a los poseedores de capital mientras empobrece a las personas trabajadoras, consumidoras y a nuestras sociedades. No es sorprendente, pero sí alarmante, que Mario Draghi y la Presidenta de la Comisión parezcan reciclar los argumentos esgrimidos por los grandes grupos de presión empresariales.
Para las trabajadoras y los trabajadores que confeccionan la ropa que se vende en el mercado de la UE, regular las cadenas de valor de las grandes marcas y fabricantes es una cuestión de supervivencia. Las directivas CSDDD y CDSR tienen el potencial de ofrecerles una oportunidad de transparencia, protección y reparación.
La red internacional Campaña Ropa Limpia (CCC por sus siglas en inglés) insta a la Comisión a no dar pasos atrás en una legislación histórica que ofrece esperanza a las personas trabajadoras y a sus comunidades en todo el mundo, y cuya transposición y aplicación ya han comenzado. Las normas de sostenibilidad están orientadas al futuro y serán cruciales para garantizar cadenas de valor resilientes, sostenibles y justas, una opinión compartida por expertos, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, las instituciones de Naciones Unidas, la ciudadanía de la UE y las empresas por igual. La CCC se congratula de que la Comisión haya iniciado rápidamente el proceso de consulta pública sobre las directrices de la Directiva y anima a las Comisarias y los Comisarios competentes a seguir trabajando en la normativa.
