La líder sindical activista defensora de los Derechos Humanos en Bangladesh, Kalpona Akter, ha enviado una carta abierta a los comisarios europeos Didier Reynders y Thierry Breton, que están trabajando conjuntamente en una propuesta legislativa sobre gobernanza empresarial sostenible.
Como antigua trabajadora infantil y representante sindical en la lista negra, que ahora dirige el Centro de Solidaridad con los Trabajadores de Bangladesh, Kalpona Akter está segura: «Sólo una ley que aborde las causas fundamentales de las vulneraciones de derechos y tenga la responsabilidad en su núcleo transformará y protegerá realmente la vida de las personas». Por ello, pide a los Comisarios que introduzcan normas sólidas que también den acceso a la justicia en los tribunales europeos a las víctimas de los abusos empresariales.
Kalpona Akter recuerda vívidamente el desastre más letal de la historia de la industria de la confección: cuando el edificio Rana Plaza de Bangladesh se vino abajo en 2013, más de 1.100 trabajadores de la confección perdieron la vida.
«Pocos días después estaba rebuscando entre los escombros de aquel edificio-trampa mortal, con la esperanza de encontrar etiquetas de grandes marcas. Arriesgar nuestras vidas de esa manera era la única forma de averiguar qué empresas se abastecían en las fábricas de Rana Plaza, y esas etiquetas eran la única esperanza de conseguir al menos alguna indemnización. Nos llevó semanas, pero identificamos unas 30 marcas. Muchas de ellas tenían códigos de conducta que parecían adecuados sobre el papel, pero que no habían servido para nada», escribe Kalpona Akter.
Pide que las nuevas normas incluyan la transparencia obligatoria a lo largo de toda la cadena de suministro para que cualquiera pueda rastrear fácilmente los lugares de producción de una empresa, o el origen de una camiseta.
Cada año, en abril, cuando los supervivientes del derrumbe del Rana Plaza se reúnen en memoria de quienes perdieron la vida entre los escombros, Kalpona Akter recuerda lo que ocurre si los derechos de las trabajadoras y trabajadores se dejan en manos de compromisos voluntarios, y lo que cuesta a las víctimas acceder a la reparación.
«Después de aquella traumática excavación entre los escombros, hicieron falta dos años de campaña mundial para que las marcas ingresaran dinero en el fondo de compensación. Algunas nunca lo hicieron. Y a día de hoy ni un solo caso legal en Bangladesh contra los propietarios y otros implicados ha hecho justicia».
Mientras la Comisión Europea va estando más cerca de proponer una legislación que incluya la diligencia debida obligatoria en materia de Derechos Humanos, Kalpona Akter señala: «Las nuevas normas no supondrán una diferencia para quienes murieron en fábricas inseguras. Pero si se consigue que todas las empresas tengan que identificar, prevenir y mitigar los riesgos relacionados con los derechos humanos en toda su cadena de valor, incluidas las propias prácticas de compra de la empresa, se puede ayudar a salvar y mejorar muchos millones de vidas en el futuro».
