La Organización Mundial del Trabajo (OIT) estima que se perderán unos 195 millones de puestos de trabajo en todo el mundo debido a la pandemia, llevando miles de personas en paro, el trabajo precario y la pobreza laboral.
Hoy, Día de los Trabajadores, nos preguntamos: con la actual crisis de la Covid-19, ¿quién vela por los derechos de las personas que trabajan en las cadenas de suministro global?
Hay más de 150 millones de trabajadoras en países de bajos ingresos que producen artículos para la exportación a América del Norte, Europa y Japón y decenas de millones más en puestos de servicio vinculados a empresas transnacionales en los países más ricos.
Solamente en el sector de la ropa, el textil y el calzado, hay 50 millones de personas trabajando, muchas de ellas mujeres quienes aportan el que supone el principal ingreso de la familia. Y muy pocas de ellas han recibido un salario que les permita acumular ningún ahorro.
La crisis sanitaria global no puede servir de excusa para vulnerar aún más los derechos laborales de las personas trabajadoras en la industria de la confección.
Libre sindicalización
«Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses»
Artículo 23.4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¿Por qué insistimos en subrayar hoy, 1 de mayo, el derecho a la libre sindicalización en la industria textil?
– Porque los sindicatos son cruciales para garantizar a las personas trabajadoras un salario y unas condiciones de trabajo dignos. Son la forma más eficaz y legítima de establecer un trato justo, pues les permite permanecer unidos, expresar sus opiniones y defender sus derechos colectivamente.
– Para hacer visible una de las grandes vulneraciones de derechos laborales de las principales
marcas textiles y sus proveedores, y la falta de protección social para las personas trabajadoras de los países más afectados por la crisis del Covid-19.
– Porque, según consta en los informes internacionales, se ha aprovechado la crisis generada por la pandemia para despedir principalmente a los dirigentes sindicales en varias fábricas textiles. ¡Han sido los primeros de la lista!
– Porque la vulneración de los derechos de las personas trabajadoras en el sector textil, especialmente los de las mujeres, es un hecho que denunciamos desde hace años, pero actualmente, con la crisis del Covid-19, se hace aún más evidente.
– La participación y la organización de las trabajadoras es ahora más importante que nunca. En esta crisis, ¿quién representa a las personas trabajadoras? ¿quién se responsabiliza de los derechos de las mujeres que tienen a cargo sus familiares y que, en muchos casos, aún no han recibido los salarios del mes de marzo?
Es de suma importancia que las trabajadoras, tanto en las fábricas como en el sector minorista o de distribución, estén en el centro de las soluciones económicas en esta crisis para garantizar que las medidas que deben salvaguardar la salud de las personas no conduzcan en cambio a agravar su situación de vulnerabilidad.
La libertad de asociación y los convenios colectivos son imprescindibles para garantizar la legítima defensa de sus derechos y un salario y condición de trabajos dignos. Las empresas textiles deben apostar por proveedoras que promocionen activamente la libre asociación.
Resulta imprescindible, hoy más que nunca, recordar que el modelo actual de cadenas de suministro del sector textil está plagado de deficiencias que ponen en riesgo vida de sus trabajadoras. La crisis del COVID-19 está acentuando más aún estas carencias provocando mayores vulneraciones de derechos laborales.
Se trata de un sistema que es incapaz de garantizar la dignidad de quienes están al final de la cadena, mientras que obstaculiza la exigencia de responsabilidades a las grandes marcas que incumplen los estándares de diligencia debida.
Hay que poner fin a los salarios miserables, al acoso al derecho de sindicalización, a las relaciones desiguales de poder y de negociación. Hay que denunciar las prácticas de compra de las empresas internacionales, orientadas a maximizar beneficios económicos sin importar el coste social. Y hay que exigir un marco normativo internacional que termine con la impunidad ante la vulneración de derechos humanos por parte de empresas transnacionales.
