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Los trabajadores inmersos en este nuevo caso de represión laboral son mayoritariamente mujeres dirigentes y afiliadas a tres sindicatos del sector de la confección de la provincia de Cavite, al Sur de Manila, la capital. En Septiembre de 2006 organizaron una huelga en las fábricas para protestar contra la actitud de las empresas al negarse éstas a alcanzar un acuerdo sobre negociación colectiva con los sindicatos. Tras dos días de pacífica huelga, la policía de la Autoridad filipina de las zonas francas industriales (PEZA) y los guardias de seguridad privados contratados por estos mismos, reventaron la huelga cargando violentamente contra las y los trabajadores. El resultado fue que casi 50 trabajadores resultaron heridos, muchos de ellos gravemente.
Pese a la violencia continuada, las huelguistas resistieron durante 10 meses más hasta que un grupo de hombres, enmascarados y uniformados que portaban armas de fuego, irrumpieron en las instalaciones de la fábrica y amenazaron de muerte a varias trabajadoras.
Ante las amenazas y las agresiones recibidas, los sindicatos presentaron una denuncia contra la policía y las fuerzas de seguridad privada. Casi simultáneamente, la policía, a su vez, denunció a 33 activistas acusándoles de haberles agredido en la misma ocasión. Las denuncias presentadas por las activistas siguen siendo investigadas en los juzgados de la provincia de Cavite. Sin embargo, a raíz de la denuncia policial, el mismo fiscal de la provincia de Cavite decretó a principios de Abril de 2009 órdenes de arresto contra las trabajadoras.
Las órdenes de arresto llegan en un momento en el que el sistema judicial filipino está siendo puesto en entredicho. Se le recrimina estar manipulado políticamente para erradicar la disidencia política. La comunidad internacional está presionando al Gobierno de la Presidenta Arroyo para que esclarezca y ponga fin a la preocupante escalada de ejecuciones extra-judiciales. Las autoridades, y concretamente, elementos del ejército y de la policía, parecen estar detrás de estos asesinatos.
Parece que ahora las autoridades han cambiado de estrategia y están empezando a utilizar las actuaciones judiciales para reprimir las voces disidentes haciendo falsas imputaciones, como hicieron recientemente con el abogado laboralista Remigio Saladero Jr., quién nuevamente se enfrenta a acusaciones de asesinato construidas falazmente en su contra.
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