En el Día de los Derechos Humanos, pocos días después de conocer que el proyecto de ley de gobernanza empresarial sostenible de la Comisión Europea ha sido pospuesto indefinidamente por tercera vez, publicamos el informe «Let’s Put Justice in Fashion» (Pongamos la justicia de moda), para destacar que las iniciativas jurídicamente no vinculantes y los compromisos voluntarios de las marcas de ropa no protegen los derechos humanos de los trabajadores ni logran la justicia.
El 8 de diciembre, enviamos, junto con casi otras 50 organizaciones de la sociedad civil, una carta abierta a Ursula von der Leyen para pedirle que reiterara públicamente su compromiso de hacer sostenibles las cadenas de suministro de las empresas que operan en el mercado de la UE mediante una legislación ambiciosa y vinculante en materia de derechos humanos y diligencia debida en materia medioambiental.
En el informe que publicamos hoy, presentamos propuestas concretas de normas vinculantes destinadas a garantizar una conducta empresarial responsable en la industria de la confección. «Fashioning Justice» se centra en las prácticas de compra injustas de las marcas, que son la causa de las violaciones de los derechos humanos en toda la cadena de suministro de la industria textil, así como en la dependencia de las marcas del defectuoso sistema de auditoría social; La falta de seguridad laboral, la desigualdad de género, los salarios de pobreza, los ataques sistemáticos a la libertad de asociación, la grave falta de transparencia en la cadena de valor y la falta de recursos efectivos en los casos de violaciones de los derechos humanos que se producen a nivel mundial.
Contexto actual
Las marcas y los minoristas de moda se han beneficiado durante mucho tiempo de un sistema basado en la pobreza y la explotación de las personas más vulnerables, cuya situación se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19.
De hecho, a medida que se acerca el décimo aniversario de la adopción de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGPs), siguen ignorando en gran medida los principios de conducta empresarial responsable y el impacto que la pandemia de Covid-19 ha tenido y sigue teniendo en las personas que trabajan en la industria de la confeccion.
«Las marcas de moda están profundamente implicadas en las violaciones generalizadas de los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Abusan de su poder para presionar por precios cada vez más bajos, operando con márgenes muy estrechos y recortando los derechos de las personas trabajadoras. Mientras tanto, las marcas pagan millones a sus accionistas. Las prácticas inhumanas de maximización de beneficios de las marcas también hacen que los gobiernos se muestren reacios a introducir y aplicar protecciones laborales adecuadas, ya que estas aumentan inevitablemente los costes de producción», afirma Neva Nahtigal, de la Oficina Internacional de la Campaña Ropa Limpia.
Mientras tanto, la Comisión Europea, que tenía previsto presentar una directiva legislativa para poner fin a la impunidad de las empresas y obligar a las empresas de la UE a respetar los derechos humanos en todas sus cadenas de suministro, sigue posponiendo la fecha sin dar una justificación para el retraso ni las razones.
¿Qué exigimos?
En «Let’s Put Justice in Fashion» (Pongamos justicia en la moda), desde la Campaña Ropa Limpia pedimos normas vinculantes para que la conducta empresarial responsable deje de ser una cuestión voluntaria para unas pocas empresas que luego se ven en desventaja frente a la competencia en el mercado.
La UE debe estar a la altura de su responsabilidad y demostrar que los derechos humanos, los derechos sindicales, los derechos dlaborales y los derechos medioambientales son importantes, y dar un paso firme contra los abusos de las empresas.
«Por encima de todo, pedimos a los responsables políticos que adopten un enfoque holístico. Los requisitos de diligencia debida en materia de derechos humanos deben abarcar toda la cadena de valor, incluidos los sistemas laborales semiformales e informales, así como la subcontratación no oficial y el trabajo a domicilio. Además, pedimos mecanismos de aplicación claros, sanciones adecuadas y exigencias de responsabilidad civil y penal. Los trabajadores cuyos derechos sean violados deben tener acceso a una reparación efectiva. También pedimos transparencia obligatoria y una serie de medidas complementarias», afirma Muriel Treibich, de la Oficina Internacional de la Campaña Ropa Limpia.
En «Let’s Put Justice in Fashion» también hacemos hincapié en que el avance hacia la aplicación obligatoria de los derechos humanos no debe detenerse en las instituciones de la UE. Desde la Campaña Ropa Limpia, pedimos un tratado vinculante de las Naciones Unidas que establezca una base normativa para el trabajo digno en toda la cadena de suministro mundial y que responsabilice a las empresas del respeto de los derechos humanos y laborales en todo el mundo.
