La Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, ha abierto una investigación formal sobre la preparación del llamado “paquete de simplificación Ómnibus” por parte de la Comisión Europea, tras la denuncia presentada por una coalición de ocho ONG europeas, entre ellas la Campaña Ropa Limpia.
Esta investigación evaluará si la Comisión ha incumplido sus propias Directrices de Mejora de la Regulación (Better Regulation Guidelines) al diseñar este paquete legislativo que pretende modificar elementos clave de normas sociales y medioambientales, como la Directiva sobre diligencia debida empresarial en sostenibilidad (CSDDD).
Las organizaciones denunciamos el carácter antidemocrático del proceso seguido por la Comisión: una maniobra opaca para modificar, sin debate público ni evaluación de impacto, importantes normativas sociales y medioambientales previamente aprobadas.
“La Comisión ha roto sus propias reglas. Aprobar cambios drásticos sin escuchar a la ciudadanía ni evaluar el impacto climático no es cómo debe funcionar la legislación europea”, ha declarado Nele Meyer, directora de ECCJ.
La Defensora del Pueblo ha anunciado que llevará a cabo una inspección de los documentos internos de la Comisión y reuniones con su personal antes del 18 de junio de 2025, en un contexto político especialmente delicado.
Las ONG firmantes —entre ellas ClientEarth, Anti-Slavery International, Clean Clothes Campaign, Friends of the Earth Europe, Global Witness, Notre Affaire à Tous y Transport & Environment— advierten que el paquete Ómnibus representa un retroceso inaceptable en compromisos laborales, climáticos y de derechos humanos:
“La propuesta Ómnibus es un regalo para las empresas irresponsables y una traición para las víctimas. Convierte en promesas vacías derechos y garantías que ha costado años conquistar”, ha señalado Meyer.
Además del fondo, también preocupa el proceso. La falta de evaluación rigurosa y el papel de los lobbies empresariales han impedido que el Parlamento y el Consejo tengan una visión clara del impacto real de los cambios propuestos. Esto, alertan las organizaciones, “socava la legitimidad democrática de la Comisión y plantea serios riesgos para el Estado de Derecho”.
Desde la Campaña Ropa Limpia, celebramos que la Defensora del Pueblo haya tomado en serio esta denuncia y confiamos en que esta investigación contribuya a frenar los intentos de desregular normas sociales y medioambientales a espaldas de la ciudadanía.
Oposición a la directiva Ómnibus
En los últimos meses, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y empresas han mostrado una oposición activa a la propuesta “Ómnibus” de la Comisión Europea. Varias empresas han instado a la Comisión a mantener la normativa actual, señalando que la inversión y la competitividad “se basan en la certeza política y la previsibilidad jurídica”.
En febrero de 2025, ECCJ y su red calificaron la propuesta Ómnibus de “desastre”, mientras que el equipo jurídico de ClientEarth la criticó por debilitar de forma significativa la responsabilidad empresarial, al limitar la diligencia debida a los socios comerciales directos y rebajar las obligaciones relativas a los planes de transición climática. La propuesta también recibió críticas por debilitar las medidas empresariales contra la esclavitud moderna en las cadenas globales de suministro.
En respuesta, más de 362 organizaciones de la sociedad civil firmaron una declaración conjunta en la que instaban al Parlamento Europeo y al Consejo a rechazar las enmiendas propuestas, subrayando que estas socavan los compromisos en materia de rendición de cuentas empresarial y reducen la protección de los derechos humanos y del medio ambiente.
A pesar de estas advertencias, la Comisión siguió adelante con la propuesta, que actualmente está siendo examinada por el Parlamento Europeo y el Consejo. En marzo, el Consejo aprobó retrasar la implementación de la Directiva sobre diligencia debida (CSDDD), y el 3 de abril de 2025, el Parlamento Europeo adoptó la misma posición, concediendo más tiempo a las y los legisladores para renegociar el instrumento.
Como consecuencia, el 18 de abril, una coalición de ocho ONG presentó una queja formal ante el Defensor del Pueblo Europeo.
Consulta aquí la nota completa de ECCJ (en inglés)
Lee la noticia anterior sobre la denuncia conjunta presentada ante la Defensora del Pueblo Europeo
Si quieres saber más sobre el posicionamiento de la red internacional Clean Clothes Campaign sobre la propuesta Ómnibus, pincha aquí.
