El 2 de abril, la administración Trump anunció fuertes aranceles comerciales que se impondrán a países de todo el mundo. Los altos porcentajes aplicados a las importaciones estadounidenses provenientes de países productores de prendas como Camboya, Bangladés, Sri Lanka, Indonesia, Lesoto y Vietnam significan que la producción textil se verá gravemente afectada por estas medidas. La red de la Campaña Ropa Limpia hace un llamamiento a las empresas textiles de EE. UU. y de todo el mundo para que no trasladen los costes de estas nuevas políticas a quienes menos pueden permitírselo: las trabajadoras. En su lugar, deben asumir esos costes ellos mismos en lugar de trasladarlos a lo largo de la cadena de suministro.
Todas las empresas del sector deben evitar repetir los errores cometidos durante la pandemia de la COVID-19, cuando muchas empresas textiles globales respondieron de forma impulsiva priorizando la rentabilidad de la empresa, lo que devastó económicamente a millones de trabajadoras que ya cobraban salarios de pobreza. En muchos de los países donde se han anunciado estos aranceles, como Camboya, Sri Lanka o Bangladés, las trabajadoras ya reciben sueldos por debajo del nivel de subsistencia y no tienen ahorros en los que apoyarse. Si las empresas intentan de nuevo trasladar los costes a las trabajadoras reduciendo los precios, bajando los salarios, aumentando las horas extra no remuneradas o trasladando la producción, poniendo en peligro los puestos de trabajo, el resultado será que las trabajadoras recortarán comidas y aumentarán sus deudas.
Los sectores textiles en estos países están dominados por grandes empresas estadounidenses o globales con grandes beneficios, como Victoria’s Secret (6.200 millones USD en 2024), Levi’s (6.400 millones), PVH (Calvin Klein) (8.700 millones), Gap (15.100 millones) o Nike (51.400 millones). Además, muchas fábricas en los países afectados son propiedad de poderosos grupos industriales del sudeste asiático, como Mas Holdings, con sede en Sri Lanka y un valor cercano a los 800 millones USD. Cualquier coste adicional derivado de la política arancelaria de EE. UU. debe ser asumido por estas empresas, y no ser trasladado más abajo en la cadena de suministro.
Ya se están viendo los primeros signos de la tendencia a descargar los costes en la cadena de suministro y de aprovechar la situación para recortar costes y derechos laborales. Se ha informado de que marcas como Gap, Walmart o Levi’s ya han empezado a exigir precios más bajos o a pedir a sus proveedores que asuman el coste completo de los aranceles. Dado que los precios actuales ya no son suficientes para garantizar salarios dignos y unas condiciones laborales adecuadas, está claro quién pagará finalmente estos descuentos forzados: las trabajadoras. Además, las federaciones de empleadores en varios países productores de prendas ya han comenzado a amenazar con represalias y han caído en la trampa de fomentar la competencia regional. Bajo la amenaza de que los puestos de trabajo se trasladen a países menos afectados por los aranceles, se están sugiriendo recortes salariales y aumentos en las horas de trabajo. Es fundamental que las trabajadoras de los países productores de prendas actúen unidas para abordar este problema de manera conjunta.
Algunos países afectados, como Camboya, Sri Lanka o Indonesia, ya han comenzado a ponerse en contacto con el gobierno de Trump para negociar mejores condiciones. En Sri Lanka, ya se ha formado un comité, pero solo incluye a representantes empresariales y del gobierno. Es imprescindible que los sindicatos de trabajadoras del sector textil, como principales representantes de quienes se verán más afectadas por estas medidas, tengan un puesto en la mesa de negociación, especialmente cuando los empleadores ya forman parte de la discusión.
Tras la experiencia vivida durante la pandemia de la COVID-19, cuando millones de trabajadoras en todo el mundo perdieron sus puestos de trabajo o no cobraron sus salarios completos debido a las decisiones tomadas por las grandes empresas, la confianza de las trabajadoras y sus sindicatos en que estas empresas prioricen su bienestar es, comprensiblemente, muy baja. Una propuesta sindical para crear un fondo de garantía que asegure que las trabajadoras sean compensadas si pierden su empleo en tiempos de crisis ha sido rechazada hasta ahora por las marcas. Es fundamental que esta vez las trabajadoras, que ya sobreviven con salarios de miseria, no paguen la factura de empresas altamente rentables y que tengan voz en la toma de decisiones donde se definan medidas clave que afecten a sus vidas.
