El pasado 13 de febrero, alrededor de 700 trabajadores de la fábrica Panyu Li Chang Footwear Co. Ltd. de Guangzhou, en China, encontraron su lugar de trabajo cerrado tras volver de las vacaciones de fin de año. Ellos esperaban recibir los atrasos que les debían de sus salarios, 2.000 yuanes por trabajador aproximadamente (salario mensual medio 800 yuanes). Sin embargo, al volver, se encontraron con que el propietario había cerrado la fábrica, había vendido todo todos los equipos y que incluso había bloqueado las puertas de acceso. Además, docenas de trabajadores veteranos descubrieron que había robado sus salarios y que no había pagado las contribuciones al programa de seguridad social y otros beneficios por los últimos diez años, y otros, encontraron pagos que no habían sido efectuados en los últimos nueve meses a pesar de deducirlos mensualmente de los salarios.
Así, casi 400 trabajadores decidieron, espontáneamente, emprender una marcha pacífica desde la fábrica hasta las oficinas del Gobierno Municipal de Guangzhou, con el objetivo de pedir justicia. La policía paró a los trabajadores y detuvo a cincuenta de ellos. Cinco fueron formalmente arrestados y acusados de delitos penales por asamblea y manifestación ilegal.
Trato injusto
Según las informaciones publicadas en el diario de Panyu, los cinco trabajadores fueron sometidos a tratos vejatorios. El 28 de febrero, los obligaron a estar de pie en un podio mientras se hacían públicas sus cargos.
Jian Xi Bo, el jefe de distrito y secretario de la comisión política y de derecho, informó que los trabajadores que utilizan carreteras y puentes para llevar a cabo sus protestas no son protegidos por la ley, y ésta fue la base legal para su detención. Sin embargo, la marcha iniciada por los trabajadores de la fábrica Panyu Li Chang Footwear Co. Ltd se inició de forma espontánea y pacífica. Se exige que estos trabajadores no sean penalizados por los hechos que se les imputan, ya que son la consecuencia de haber sido despojados de sus derechos por el propietario de la empresa.
La CRL ha tomado cartas en el asunto que es representativo, ya que se trata de una práctica empresarial bastante habitual. Es hora de que China se comprometa a poner fin a la represión sistemática y a reconocer los derechos humanos, en particular, el derecho a la libertad de expresión y de asociación. También se exige que los trabajadores puedan entablar una negociación con los empresarios y expresar abiertamente sus quejas y reivindicar lo que les pertenece. éstos puntos son fundamentos básicos para la paz y la justicia sociales.
La CRL se dirige con esta protesta a las autoridades locales, por extensión al Ministro de Trabajo y al los responsables locales del sindicato único chino, la ACFTU.
